Custodia compartida y pensión de alimentos

Cada vez es más frecuente en los despachos de abogados encontrarnos con progenitores que insisten en solicitar la custodia compartida en sus procedimientos de familia.

pension alimentos

El motivo principal de esas pretensiones es conseguir permanecer el mayor tiempo posible en compañía de sus hijos, lo que favorece tanto a los progenitores como a estos últimos, ayudándoles en su desarrollo desde un punto de vista afectivo, puesto que tan necesaria es una figura materna como una paterna, tal y como apuntan los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados.

Es evidente que la solicitud de que se establezca un régimen de custodia compartida no puede realizarse con fines económicos por ahorrarse la pensión de alimentos, pese a lo que pudiera parecer en un primer momento, puesto que de concederse este régimen los menores permaneceran periodos similares con ambos progenitores y deberán sufragar sus gastos indistintamente mientras estén en su compañía, por tanto no existe tal ahorro, más al contrario, puede que la cantidad que se hubiere fijado por este concepto sea insuficiente.

Por ello, aunque inicialmente pudiera pensarse que la custodia compartida y la pensión de alimentos eran conceptos incompatibles, recientemente se ha emitido una Sentencia por el Tribunal Supremo en la que se contemplan ambas cosas: se fija un régimen de custodia compartida y a su vez se mantiene la pensión de alimentos que el padre debía satisfacer a la madre, ya que el Tribunal Supremo entiende que la limitación temporal que se valora en relación a las pensiones compensatorias, para incentivar la búsqueda de trabajo por el/la perceptor/a, carece de sentido en cuanto a la pensión de alimentos para los hijos.

Con ello, se refuerza la idea de que debe atenderse en cada caso concreto qué es lo más beneficioso para los menores, ya que el interés  de éstos es lo esencial en este tipo de procedimientos. Debe velarse, en todo caso, por su beneficio.

Os facilitamos el enlace a la noticia del Diario La Ley de 18 de febrero de 2016.

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